No, no puedes obligarle a comprarte tu mitad

  Trae causa de: una conversación que empieza, como tantas otras, con una solución ya decidida.

—Quiero que mi expareja me compre mi mitad de la casa.

—¿Quiere comprársela?

—No.

—Ah.

Ese «ah» suele ser el momento en el que la conversación se complica.

Porque una cosa es querer dejar de compartir una vivienda con alguien —algo perfectamente comprensible, especialmente cuando la relación ha terminado regular, mal o de esa manera tan civilizada en la que nadie se habla salvo para discutir quién paga el seguro— y otra distinta es poder decidir unilateralmente cómo tiene que terminar esa copropiedad.

El artículo 400 del Código Civil dice que ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad. Es decir, nadie tiene que seguir siendo propietario de una vivienda junto con otra persona hasta el fin de los tiempos. Salvo que exista un pacto válido para mantenerla indivisa durante un periodo determinado, cualquiera de los propietarios puede pedir que se divida la cosa común.

Hasta ahí, buenas noticias.

La mala noticia —siempre hay alguna— es que ese derecho no permite imponer al otro propietario la solución que más nos convenga.

Podemos proponerle que se quede con la vivienda, que nos pague nuestra parte y que, además, asuma la hipoteca.

Podemos proponérselo con educación.

Podemos proponérselo mediante un burofax magníficamente redactado.

Incluso podemos repetírselo varias veces, por si el problema fuera que no lo ha entendido.

Lo que no podemos es obligarle a aceptar.

Cuando el bien es esencialmente indivisible, como suele ocurrir con una vivienda, el artículo 404 del Código Civil prevé dos posibilidades: que los copropietarios acuerden adjudicársela a uno de ellos, indemnizando al resto, o que, si no hay acuerdo, se venda y se reparta el precio.

Por tanto, el otro propietario no está obligado a comprar nuestra mitad.

Tampoco está obligado a aceptar el valor que nosotros hayamos decidido asignarle, aunque para calcularlo hayamos consultado cuidadosamente todos los anuncios de la zona y seleccionado —qué casualidad— los tres pisos más caros.

Antes de hacer una propuesta conviene conocer el valor real de la vivienda, la deuda hipotecaria pendiente, los gastos que arrastra el inmueble y la cantidad que recibirá efectivamente quien transmita su participación.

No es lo mismo que una vivienda valga 250.000 euros que disponer de 125.000 euros para repartir.

En medio pueden estar el préstamo, los impuestos, las cargas, los gastos de formalización y esa pequeña costumbre de las matemáticas de no dejarse influir por nuestros deseos.

Si no se alcanza un acuerdo, podrá solicitarse judicialmente la división de la cosa común.

Lo que no podrá pedirse al juzgado es que obligue al otro propietario a quedarse con la vivienda en las condiciones que nosotros hayamos fijado.

Tienes derecho a dejar de compartir la propiedad.

No necesariamente a elegir por qué puerta tienen que salir los demás.

Recuperar la fe en la Humanidad

Trae causa de: cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Esto no es malo per se, simplemente es así. Tomar decisiones es difícil cuando no puedes prever las consecuencias y eso es lo que pasa muchas veces en Derecho: no sabes a priori cuál será el desenlace al poner tus intereses en manos de "un tercero imparcial". De ahí lo de que "más vale un mal acuerdo que un buen juicio", porque por bien que realices tu trabajo, el resultado nunca depende de ti.

En este contexto, brindar asesoramiento puede ser complicado ya que nunca puedes asegurar un resultado. Y lo que nunca debe hacerse es tomar la decisión por el cliente. Así que ante la usual pregunta: "¿Y qué hago?", no queda más remedio que ser sincero. Es muy difícil hacerlo sin asustar, o poner muy negro el futuro, pero es que en este mundo jurídico, lo justo no está siempre a la orden del día...

Ahora bien, nosotros hacemos lo que está en nuestras manos, muchas veces sacrificando nuestro tiempo de ocio, porque en estas profesiones no hay un horario fijo, ni días libres. No exagero. Mi cabeza es como una agenda digital que nunca desconecta: viernes 22 vencimiento reconvención; lunes 25 vencimiento oposición apelación; lunes 25 vencimiento recurso apelación; martes 26 diligencias; y así un largo etc.

Por eso cuando una mañana llama una señora (del Turno de Oficio, y esto es importante porque existe el error de pensar que los profesionales nos despreocupamos de los clientes que no son "de pago") que necesita tener una demanda presentada al día siguiente, porque tiene que adjuntar el justificante para la solicitud de una ayuda económica, entre vencimientos y requerimientos varios, la envías a las nueve de la noche tras trece horas -literales- de trabajo, y la procuradora, contra todo pronóstico -porque lexnet se ha caído- consigue presentarla y enviarte el justificante rozando las once de la noche, por menos de cien euros (bastante menos), que es lo que pagará el Gobierno de Canarias por su trabajo. Cuando eso ocurre, algo se enciende en mi corazón. Es una llama. Es un impulso que me empuja a seguir. 

En esos momentos, aunque sea durante un parpadeo, la razón casi tonta y la consecuencia imperceptible, recupero la fe en la Humanidad. Porque es un grano, uno pequeño en una montaña, pero lo es todo para una sola persona. Sienta muy bien participar de algo que genera un pequeño impacto en la vida de una persona.

Aviso a navegantes: prometo volver más a menudo por aquí :)

Estado del día: "anonadada" -o que la Administración te dé la razón-

Trae causa de: - ¡Yaiza, me han puesto una multa! Yo había pagado el parkímetro, me dice mi hermana por whatsapp a la que adjunta una foto de la notificación del inicio de un expediente sancionador. Así empieza el trabajo: alegaciones solicitando el sobreseimiento y archivo, en tanto que efectivamente constaba el pago, pero -porque siempre hay un pero- mi hermana había introducido mal el número de matrícula, intercambiando la posición de dos números. No pasa nada: adjuntamos copia del pago y explicamos el error material.

- ¡Yaiza, que no han hecho caso a las alegaciones y me han puesto la multa!, me dice y adjunta foto de la resolución que termina con "resuelvo: sobreseimiento y archivo".

- ¡Alma de cántaro! ¿Pues no te has dado cuenta que nos están dando la razón? 

Es curioso lo difícil que resulta no ponerse nervioso ante un papelito lleno de artículos y referencias jurídicas, incluso cuando te es favorable. Así que saldré en defensa de mi hermana, porque resulta ser bastante normal que las personas legas en la materia se atolondren un poco y no atinen con el significado de las resoluciones.

En cualquier caso, hoy me siento satisfecha a trabajar: está bien que, para variar, las cosas funcionen como deben.

El lenguaje jurídico o cómo hablar sin que te entiendan

Trae causa de: ayer publiqué una pequeña reseña sobre una Conferencia impartida por el Dr. González Rus sobre el Derecho penal del consumo. El público objetivo de este tipo de post se reduce, básicamente, a mí. Aunque me encantaría poder acercar y compartir las charlas a las que acudo, he de aceptar que el contenido siempre queda impregnado del filtro que suponen mis propias limitaciones y prejuicios, pero al releer las notas (que tomo ya por costumbre), ordenarlas y plasmarlas, consigo interiorizar las ideas y asimilar mejor los conceptos.

Una vez publicado el post en el blog, comienza el periplo de compartirlo en las redes sociales, tanto a nivel personal como profesional: facebook, Twitter, Google+... Y ya está: un pedacito de mí en esa red inconmensurable que nos une. 

Mensaje privado: pleasse, comparte mi tuit.
Notificación de Twitter:  X indicó que le gusta tu tweet                                        X te retwitteó.

Mi hermana no pregunta, obecede, que para eso soy la mayor. Mi amiga y compañera de profesión, Zenaida, lee por encima y comparte sin rechistar. Pero entonces recibo un mensaje de Noe, amiga e Ingeniera en Informática: 

Noe: Pues no me entero de nada!
Yaiza: En serio? No entiendes nada? Nada de nada?
Noe: Nada de nada.

¡Imposible! Piensas. Y releo el post: bien jurídico protegido, derechos instrumentales, delitos de peligro y delitos de resultado, principio de prevención general de la pena...

Y entonces recapacitas: ¿quizá no me entienden cuando hablo? Al atender a clientes utilizo términos jurídicos, procuro explicarlos, pero creo que es necesario que la persona que se ve  inmersa en un procedimiento judicial escuche de su abogado, antes que del Juez, del Letrado de la Administración de Justicia o de un funcionario, los términos legales, porque así de sopetón asustan. Si acudimos a una Audiencia Previa, procuro explicar de la forma más llana posible qué es y para qué sirve, pero utilizo el término "Audiencia Previa" y no cualquier eufemismo. Me parece que las personas merecen que se les hable con propiedad, porque dar por hecho que no van a entender nada casi parece una falta de respeto. Eso sí, dedico el tiempo que sea necesario a que cualquier concepto se entienda.

Abrir la puerta para abrir la mente

Trae causa de: el pasado viernes 27 acudí a una conferencia en la Facultad de Derecho de la ULL, "criterios político-criminales básicos sobre el Derecho penal del consumo", a cargo del Dr. Juan José González Rus, Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Córdoba.

El Derecho penal no es mi rama preferida, pero, no obstante, además de que creo que es importantísimo que un abogado tenga una idea general del estado del Derecho -y este tipo de eventos nos acercan a aspectos teóricos y disquisiciones en los que no nos detenemos normalmente-, me pareció interesante el tema y el ponente. Puedo asegurar que no decepcionó y que las más de dos horas que duró la conferencia pasaron como un suspiro a esta asistente.

Parece ser que en principio esta actividad había sido diseñada como un seminario dirigido a los miembros del Departamento de Derecho penal y que, finalmente, decidieron hacerlo accesible a alumnos y terceros. Sólo siento que no se comunicase al ICATF para que pudiera informar a los abogados tinerfeños que estamos siempre pendientes de este tipo de iniciativas y ávidos de acciones formativas.

Paso pues a hacer una breve reseña de lo comentado en la conferencia, con el aviso expreso de que las conclusiones que comparto han pasado por el filtro de alguien ajeno al entorno académico, por lo que este post no pasa de ser el reflejo de la llama en en la pared de una cueva. Siempre es mejor acudir personalmente y empaparse de primera mano.

Sobre la identidad: yo era "La Legalista"

Como os comentaba en mi post anterior, he descubierto que ha procedido a la inscripción del seudónimo que he utilizado estos últimos tres años. Como buena legalista me he puesto a estudiar las causas de oposición que establece la Ley de Marcas, pero ha resultado infructuoso: si no está registrado, sólo puedes oponerte cuando se trata de seudónimos o marcas de reconocido prestigio. Me gustaría que ese fuera mi caso, pero no es así. 

¿Por qué no registré "La Legalista"? La verdad es que nunca viene bien gastarse los 150€ -más o menos- que cuesta la inscripción. Sí, un error, porque te protege durante 10 años. Pero la verdad es que no se me ocurrió que nadie pudiera utilizarlo, por aquello de que pones "La Legalista" en Google y el primer resultado que obtienes es el de este blog. No digo que lo hayan copiado, porque varias personas pueden tener la misma idea, pero una vez la tienes, una vez se te ocurre el nombre de un proyecto, dime, ¿qué es lo primero que haces? Sí, buscarlo en Google. Después de descubrir que está en uso para el mismo objeto, está en la persona usarlo o no.

Sí, pero para eso está el Registro. O no. Hace poco más de veinte años, cuando el acceso a internet era tan limitado, difícilmente podías conocer que alguien estaba usando un nombre comercial o marca si no era realizando una consulta al Registro, pero ya no es así. Actualmente accedemos a un montón de información en unos segundos, así que no tiene sentido proteger al más rápido, o en ocasiones al que tiene el dinero para pagar la tasa. Quizá habría que proteger a quien tiene razón, para variar.

Perder "La Legalista" me ha hecho derramar alguna lágrima. Era un proyecto que no he llegado a culminar; lo identifico con un sueño, con un ideal, conmigo misma, es parte de mi identidad profesional.

No sé si volveré a usar un seudónimo. Quizá es mejor salir al mundo totalmente expuesta, con nombre y apellido, a cara descubierta. Total, no tengo nada que ocultar.

Un saludo a todos. A partir de ahora nos vemos en mi blog Yaiza Navarro.

Nombres comerciales, seudónimos, marcas...

Hoy he descubierto que se ha solicitado el registro de la marca "La Legalista". Se trata de un despacho jurídico. Estoy realmente triste porque para oponerme a la inscripción tendría que solicitar yo misma el registro de la marca (144'58€) y pagar una tasa (43'70€).

Para mí "La Legalista" tiene una historia, un significado y no es sólo un nombre. Era, y sigue siendo, un sueño, un compromiso, un ideal. Era y soy yo. Así, sin más. 

Así que quizá en breve detrás de "La Legalista" no esté Yaiza Navarro. Esa cara femenina, enmarcada, con gafas, no soy yo.

Sólo quería que lo supierais.